I. La Acción Popular: Una Anomalía Española
Díaz-Bastien inicia destacando la acción popular como una peculiaridad del sistema legal español, remontándose a sus raíces históricas desde la Constitución de 1812, enfocada inicialmente en delitos de prevaricación o cohecho por jueces. Esta institución nació de una desconfianza hacia el sistema de justicia, buscando promover la participación ciudadana y la transparencia en la administración de justicia.
II. El Artículo 125 de la Constitución Española
El artículo 125 de la Constitución Española contempla la acción popular como un mecanismo de participación ciudadana en la justicia, aunque Díaz-Bastien cuestiona si realmente cumple con este propósito en la práctica actual. Examina cómo esta figura ha sido interpretada y aplicada, señalando su desviación de los ideales originales y el abuso en su uso, que va desde la persecución de venganzas personales hasta la interferencia en la política.
III. Qué Hacer
Díaz-Bastien propone una revisión legislativa de la acción popular, sugiriendo limitaciones para prevenir excesos y garantizar que su aplicación se alinee con los objetivos de justicia y participación ciudadana. El reciente Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se presenta como un paso en la dirección correcta, introduciendo restricciones y definiendo claramente los delitos que pueden ser objeto de acción popular.
