Defensa Penal frente al delito de corrupción deportiva en España

Por Alberto Yelmo.

I. Tipicidad penal en España de la denominada corrupción deportiva

Desde el año 2010, el amaño de partidos se trata de una conducta delictiva que en España se encuadra entre los delitos de corrupción en los negocios, específicamente dentro del denominado delito de corrupción deportiva (art. 286 bis 4° C.P.), que prevé, tras la reforma del tipo penal en el año 2015, el alcance penal ‹‹de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva››.

De esta forma, el legislador español ‹‹ha considerado conveniente tipificar penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte››, castigando ‹‹todos aquellos sobornos (…) encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, siempre que estas tengan carácter profesional››.

En relación con los casos de amaño de partidos de fútbol profesional enjuiciados en España hasta la fecha, el presente artículo se centra en el análisis de algunas cuestiones relevantes relativas a la defensa penal de las personas físicas y jurídicas en supuestos de corrupción deportiva, tomando como referencia las recientes sentencias [1] emitidas en los casos Levante – Zaragoza y Osasuna – Betis, ocurridos en La Liga española de fútbol profesional en las temporadas 2010/2011 y 2013/2014.

II.- Defensa penal de las personas físicas: acreditación del amaño y problemática de la prueba indiciaria

Siguiendo lo establecido en el referido art. 286 bis 4° C.P., para que una causa penal por corrupción deportiva pueda tener un resultado condenatorio resulta imprescindible la plena acreditación de la forma concreta en la que el resultado de la prueba, encuentro o competición deportiva ha sido predeterminado de manera deliberada y fraudulenta, lo que habitualmente deberá realizarse, a falta de prueba directa del soborno, por medio de la denominada prueba indiciaria.

En este sentido, salvo que se produzcan signos claros y evidentes durante el desarrollo del partido amañado, normalmente resultará imposible distinguir, mediante su mero visionado, si el resultado del mismo se encuentra predeterminado deliberada y fraudulentamente o, por el contrario, es consecuencia del desempeño natural, muchas veces errático, de los propios jugadores participantes en el encuentro. Por ello, como concluía la Audiencia Provincial de Navarra en el caso Osasuna – Betis, ‹‹para poder valorar la manipulación del resultado hemos de acudir, por tanto, a otro tipo de datos›› (F.D. 29º, primer párrafo), indicios que, conjuntamente considerados, podrán dar lugar a la plena acreditación de la conducta delictiva, o bien a la absolución de los acusados si dichos indicios no resultan concluyentes del delito de corrupción deportiva y excluyentes de otras alternativas plausibles.

A este respecto, en el caso Osasuna – Betis logró acreditarse plenamente que ‹‹con el fin de evitar el descenso de categoría de Osasuna, los miembros de la Junta Directiva D. (…), D. (…) y D. (…) mantuvieron una reunión en la que también participó el gerente (…). En dicha reunión todos decidieron llegar a algún tipo de acuerdo económico con el Real Betis para que ganara al Real Valladolid en la jornada 37 y se dejara ganar en Pamplona contra Osasuna en la jornada 38. (…). A tal efecto D. (…) y D. (…) quedaron encargados de realizar las gestiones pertinentes para ello y en cumplimiento de las citadas gestiones mantuvieron una reunión el día 9 de mayo de 2014 (…) con los jugadores del Real Betis D. (…) y D. (…) acordando abonarles una cantidad total de 650.000 euros por ganar al Real Valladolid y por dejarse ganar contra Osasuna en Pamplona›› (H.P. 9º, primer párrafo).

Por el contrario, en el caso Levante – Zaragoza, el Juzgado de lo Penal de Valencia concluía que ‹‹no se ha acreditado que los acusados pertenecientes al Real Zaragoza llegaron a un acuerdo con los jugadores del Levante que están acusados en esta causa para que éstos se dejasen ganar el último partido de liga que debía disputarse en el campo del Levante el día 21 de mayo de 2011, destinando a la compra del partido todo o parte de la suma de 1.730.000 euros que habían salido, días antes, de los fondos del Real Zaragoza en la forma que se ha descrito, ni que todo o parte de dicha cantidad fuera entregada antes del comienzo del partido a los jugadores del Levante, a cambio de que éstos, dejándose perder, asegurasen la victoria del Zaragoza, evitando, con ello, que el club descendiera a segunda división›› (Hechos probados, último párrafo).

Así, según recordaba el Juzgado de lo Penal de Valencia, ‹‹en esta tesitura, amén de lo que ya se ha expuesto sobre la concurrencia de una hipótesis alternativa razonable›› –posible delito de insolvencia punible– ‹‹resultaría finalmente aplicable, en todo caso, el principio in dubio pro reo››, que ‹‹debe entrar en juego cuando exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal o la participación del acusado›› (F.D. 5º, último párrafo).

Adicionalmente, respecto a la necesaria individualización de la responsabilidad penal derivada de los hechos enjuiciados, el Juzgado de lo Penal de Valencia concluía que ‹‹nada se ha probado acerca de las circunstancias en las que se habría perpetrado el delito de corrupción deportiva, ni acerca de las personas que participaron materialmente en el amaño, ni cómo se negoció, ni quiénes o cómo lo ejecutaron, de una o de otra parte››, lo que dio lugar a la absolución de todos los acusados, ‹‹no habiendo razones objetivas y fundadas para discriminar entre unos y otros jugadores, distinguiendo quiénes pudieran haberse corrompido y quiénes se quedaron al margen, bien por no haber recibido la oferta de compra del partido, bien por haberla rechazado, circunstancia que, en sí misma, nos abocaría a la absolución de todos ellos›› (F.D. 5º, penúltimo párrafo).

Por su parte, en el caso Osasuna – Betis, la participación en la conducta delictiva del vocal y el gerente del Club Atlético Osasuna, así como de dos de los jugadores del Real Betis, resultó plenamente acreditada (en gran parte gracias a la confesión del gerente), siendo estas cuatro personas –dos por parte del club corruptor y dos por parte del club corrompido– las que personalmente se reunieron, llevaron a cabo las negociaciones fraudulentas, alcanzaron el pacto delictivo de doble alcance y realizaron las entregas de dinero acordadas. En cuanto al presidente y al vicepresidente del Club Atlético Osasuna, se concluyó asimismo que ‹‹no hay duda del conocimiento que tenían de la actuación llevada a cabo con relación a los partidos que nos ocupan. Ambos han reconocido haber encargado al [Gerente] que hiciera gestiones con la ayuda del [Vocal] para incentivar a los jugadores del Real Betis›› (F.D. 31º, primer párrafo). Todos ellos resultaron condenados por el delito de corrupción deportiva.

Sin embargo, en cuanto al director de la Fundación Osasuna, también acusado, si bien recibió el encargo de obtener financiación urgente para el Club Atlético Osasuna por ser necesaria para atender gastos urgentes del club, tanto el gerente como los directivos acusados coincidieron en afirmar que no conocía el verdadero destino del dinero que debía conseguir. Asimismo, en relación con el préstamo personal concedido al club, tampoco se acreditó que ‹‹en el momento en que él mismo presta los 60.000 euros conociera que su destino era hacer un pago a los jugadores del Real Betis››. Por el contrario, ‹‹es en el momento en que recibe el encargo de trasladar de manera urgente una cantidad total de 400.000 euros en efectivo a Sevilla cuando podríamos considerar que, o bien conocía el destino real del dinero o bien se colocó en una ignorancia deliberada, puesto que no es imaginable ningún pago urgente a gremios que el club tuviera que realizar en esa ciudad un viernes por la noche. No obstante, hemos señalado que el delito de corrupción deportiva es un delito de mera actividad que quedó consumado en el momento en que se realizó el ofrecimiento a los jugadores del Real Betis y éstos aceptaron tal ofrecimiento. Por tanto, la participación del [Director de la Fundación] trasladando el dinero para hacer efectivo el pago es posterior a la consumación del delito, por lo que no cabe ya hablar ni siquiera de una cooperación necesaria para su consumación›› (F.D. 32º, primer párrafo).

Finalmente, en relación con el tesorero del Club Atlético Osasuna y miembro de su junta directiva, ‹‹no se ha acreditado que tuviera efectivo conocimiento de los tratos llevados a cabo con los jugadores del Real Betis, ni del alcance de los mismos ni de los pagos realizados (…). La mera pertenencia a la Junta Directiva no es suficiente para considerar a sus miembros responsables de los hechos acontecidos. Es preciso además que existan pruebas que permitan concluir la participación en los mismos o al menos el conocimiento suficiente sobre los hechos imputados que nos permitan apreciar en su conducta una ignorancia deliberada›› (F.D. 32º, segundo párrafo).

Por ello, a diferencia de las seis personas anteriores, que resultaron condenadas por su participación de primera mano o intelectual en la comisión del delito de corrupción deportiva, tanto el tesorero del Club Atlético Osasuna como el director de su fundación, responsables directos sobre gran parte de los fondos utilizados para materializar el soborno, fueron finalmente absueltos por su desconocimiento del mismo en el momento de la consumación del delito.

III. Responsabilidad penal de los clubes profesionales de fútbol

Asimismo, resulta de interés analizar la posible responsabilidad penal de los clubes deportivos (art. 288 C.P., en relación con el art. 31 bis C.P.) como consecuencia de los amaños investigados judicialmente, siendo el caso que resulta de mayor interés a estos efectos el del Club Atlético Osasuna, ya que tanto el Juzgado de Instrucción de Pamplona como la Audiencia Provincial de Navarra tuvieron que pronunciarse expresamente sobre la imputación a esta entidad, como persona jurídica, del delito de corrupción deportiva, lo que exigió realizar un doble análisis sobre la concurrencia de un actuar imputable a título de dolo o culpa de la persona jurídica, así como de la existencia de una actuación delictiva en provecho del propio club.

En cuanto al primero de los requisitos, el Auto del Juzgado de Instrucción de Pamplona nº 2, de 11 de enero de 2016, concluía que ‹‹los dos sistemas previstos en los Estatutos del Club Atlético Osasuna (…) y el control externo impuesto por la normativa deportiva de aplicación pueden considerarse, en principio, suficientes para prevenir la comisión de hechos delictivos como los que son objeto del presente procedimiento›› (F.D. 6º, primer párrafo).

Efectivamente, el primero de estos sistemas de control lo constituía la figura del gerente, quien tenía encargado, por disposición expresa de los estatutos sociales, la función de advertir de las posibles irregularidades cometidas por parte de los distintos órganos del club. En segundo lugar, los referidos estatutos contemplaban la existencia de una Comisión Económica, órgano colegiado con funciones fiscalizadoras, la cual igualmente tenía suficientes facultades como para efectuar un cierto control, autónomo e independiente, sobre los aspectos económicos más relevantes de la entidad. Adicionalmente, junto a estas dos medidas internas, el Juzgado de Instrucción consideró que la entidad contaba con un tercer sistema de control, externo en este caso, consistente en la auditoría impuesta por el Reglamento de Control Económico de La Liga, que tiene por objeto establecer las normas de supervisión y control económico-financiero aplicables a los clubes profesionales.

Según el Juzgado de Instrucción, partiendo siempre del deficiente funcionamiento de estos mecanismos de control, debía examinarse sin embargo si ello resultaba justificativo de un reproche penal al Club Atlético Osasuna, ya que ‹‹si la persona jurídica no ha actuado culpablemente, es decir, si ha puesto todos los mecanismos legal o extralegalmente exigidos para, desde un juicio “ex ante”, evitar o minimizar de forma notable el riesgo de la comisión de delitos por parte de sus directivos o empleados, no podrá existir responsabilidad penal en ésta›› (F.D. 7º, primer párrafo).

En este sentido, se negó la culpabilidad de la persona jurídica puesto que ‹‹dichos delitos se cometieron, presuntamente, por parte de determinados directivos o con su colaboración, adoptando medidas para ocultar dichas actuaciones a la masa social y a los órganos, internos y externos, que tenían como función el control de la actuación de los órganos de dirección›› (F.D. 7º, tercer párrafo). Además, ‹‹la palmaria y evidente extralimitación en sus funciones de los presuntos autores de los delitos de corrupción deportiva investigados impedirían, igualmente, imputar culpablemente al Club Atlético Osasuna los mencionados delitos›› (F.D. 9º, primer párrafo).

En apoyo de la decisión del Juzgado de Instrucción de Pamplona, el Auto de la Audiencia Provincial de Navarra n° 91/2016, de 22 de marzo, consideraba que de los hechos referidos no podía deducirse la responsabilidad penal de la persona jurídica, ‹‹máxime si tenemos en cuenta que los hechos imputados cometidos por miembros de la directiva del C.A. Osasuna son acciones, en principio, totalmente alejadas de la finalidad y objeto social del propio club, sin que la falta de control (que es necesaria acreditar su concurrencia) pueda deducirse sin más de la comisión de un presunto ilícito penal cometido sin conocimiento de todos los miembros de la Junta Directiva e incluso con ocultación›› (F.D. 6º, último párrafo).

En cuanto al segundo de los requisitos aplicables a la responsabilidad penal de la persona jurídica, debía analizarse si el delito de corrupción deportiva cometido, entonces indiciariamente, por los directivos y el gerente del Club Atlético Osasuna, tenía como finalidad beneficiar –directa o indirectamente– al club, siendo que, como exponía el Juzgado de Instrucción, ‹‹dicho provecho ha de ser eminentemente objetivo, en el sentido de que no bastaría para apreciar la concurrencia de este elemento con la mera intención subjetiva del autor material de proporcionar un beneficio a la entidad›› (F.D. 10º, segundo párrafo).

A este respecto, tras un extenso análisis de la –previa– Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Juzgado de Instrucción recordaba que, a efectos de imputación, ‹‹la acción debe ser valorada como provechosa desde una perspectiva objetiva e hipotéticamente razonable, con independencia de factores externos que puedan determinar que la utilidad finalmente no se produzca›› (F.D. 10º, último párrafo), considerando finalmente que ‹‹la posibilidad de que Osasuna mantuviera la categoría era tan remota y dependía de tantas variables incontrolables y, a la par, estadísticamente improbables, que dicha circunstancia excluye que quepa considerar que los directivos y empleados de Osasuna (…) actuaran en provecho del club desde un punto de vista objetivo›› (F.D. 11º, primer párrafo).

IV. Conclusiones

Como puede comprobarse, desde la introducción del delito de corrupción deportiva en el Código Penal español en el año 2010, varios han sido los casos objeto de enjuiciamiento, los cuales han afectado tanto a personas físicas (fundamentalmente directivos y deportistas) como a personas jurídicas (los propios clubes participantes en los partidos presuntamente amañados).

En cuanto a las personas físicas, los casos analizados demuestran que el punto clave de los procedimientos penales por corrupción deportiva se encuentra en la plena acreditación del pacto ilícito y la concreta individualización de los partícipes en el mismo, siempre teniendo en cuenta que estamos ante un delito de mera actividad que queda consumado en el momento en el que se realiza el ofrecimiento ilícito y éste se acepta. Por tanto, cualquier participación en los hechos posterior a la consumación del delito sería irrelevante a efectos penales, puesto que ya no cabría hablar, ni siquiera, de cooperación necesaria. Por otro lado, a efectos de poder considerar una posible ignorancia deliberada por parte del acusado, sería necesaria la existencia de pruebas concretas que permitan concluir, al menos, un conocimiento suficiente sobre los hechos, sin que de la mera pertenencia a la junta directiva o a la plantilla del club se pueda concluir una participación de carácter delictivo.

En lo que respecta a las personas jurídicas, tras la precisión del modelo español de responsabilidad penal en el año 2015 (con posterioridad a los casos analizados), la posible condena de los clubes por el delito de corrupción deportiva pasará estará condicionada razonablemente a la acreditación de una actuación de la persona física dirigida de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad deportiva, así como de un incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control en el seno de la misma. Reconocidos estos requisitos como fundamento esencial de la responsabilidad penal de la persona jurídica, debe enfatizarse consecuentemente la trascendencia de la existencia de sistemas de control adecuados en el seno de los clubes deportivos, ya que, por la propia naturaleza del delito de corrupción deportiva, éste será cometido en la mayoría de los casos con el fin de proporcionar un beneficio (p.ej., evitar el descenso a categorías inferiores) a la entidad deportiva.

[1] Sentencia nº 454/2019, de 9 de diciembre, del Juzgado de lo Penal nº 7 de Valencia y Sentencia nº 111/2020, de 23 de abril, de la Audiencia Provincial de Navarra.