El proceso por delitos fiscales, manifestamente mejorable

ERNESTO DÍAZ BARTIEN – SÉNIOR COUNSEL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.

A pesar de la autocomplacencia de muchos juristas españoles dedicados al derecho penal, que están convencidos de que la justicia penal española cumple de sobra, salvo excepciones que solo de tiempo en tiempo se dan, el canon constitucional del proceso justo con todas las garantías, lo cierto es que no es así de claro y que tal canon dista demasiadas veces de tener presencia viva en el proceso.

En el proceso por delitos llamados popularmente «fiscales» que son lo que técnicamente conocemos como delitos contra la Hacienda Pública, se produce, con aquiescencia judicial demasiado habitualmente aceptada, lo que a mi juicio es uno de los «vicios de nuestro sistema de enjuiciar» para decirlo con palabras de nuestro gran reformador, codificador y eximio jurista Manuel Alonso Martínez. A ello quiero referirme aquí.

Justiciable, justiciable/ si perito has de tener/ que tu perito no tenga/ qué ganar o qué perder/ que si el perito lo tiene/ a escape habrás de salir/porque ese perito tuyo/ te va a poner a parir. Podría haber sido una coplilla popular, pero no lo es, aunque me hubiera gustado que lo fuera. Se me ha ocurrido a mí como introducción a lo que quiero decir.

Es lo cierto que nuestra ley intenta rodear de garantías la fiabilidad de los peritos que intervienen en los procesos penales – o civiles- y que tienen la relevante función, en el resultado final del pleito, de informar o ilustrar al tribunal sobre cuestiones, que, al requerir de conocimientos específicos – o derivadas de lo que llamamos normas penales en blanco-, aquél no conoce o no puede valorar a adecuadamente por serle ajenas. Es lo cierto que, en nuestros procesos de cualquier naturaleza jurídica, si los abogados hacen bien su trabajo, los peritajes son o pueden ser de gran calidad y pureza, con la importancia que ello tiene.

Sin embargo, también es lo cierto que, en los procesos penales por delitos contra la Hacienda Pública, particularmente los que se siguen tras un procedimiento administrativo de inspección tributaria, el perito de que se vale la Administración Tributaria en el juicio es el propio inspector o inspectores, subinspector o subinspectores que hicieron la inspección. Esto es, la misma persona o personas que propusieron a sus jefes suspender la inspección y remitir el expediente al fiscal, con la abierta intención de que éste presentase una denuncia o querella criminal, que es lo que le proponen, esas mismas personas, ésas no otras, son los peritos que van a deponer en el juicio para ilustrar al tribunal sobre la concurrencia o no concurrencia de hechos o acciones de ocultación o fraude fiscal. Cada vez que esto ocurre, que es lo habitual, el perito defiende, normalmente con ardor su trabajo anterior – porque es un ser humano y no un ser olímpico – y por tanto afirma, razona y explica, insiste y vuelve a insistir en hechos y fines incriminatorios porque es la idea que se forjó antes de que existiera ese proceso penal, en la fase de la inspección tributaria. Ya estaba convencido de ello antes de que empezase el proceso. La verdad es que la falta de imparcialidad y de objetividad de estos llamados peritos que tienen un «prejuicio» anterior al juicio, es clamorosa con demasiada frecuencia. Lo digo en sentido literal, porque si no se hubieran formado una opinión, un juicio previo, si no tuvieran prejuicio, no hubieran concluido el expediente administrativo para pedirle a sus jefes que se interpusiera acción penal contra el inspeccionado. Es así de simple. Cualquiera lo entiende, sin necesidad alguna de ser jurista. Sin embargo, en la realidad práctica de nuestro proceso penal se ignora esta circunstancia, se ignora, además, en forma radical. Un principio tan esencial para la justicia como es que el perito no tenga relación previa alguna con el objeto de su pericia, no se da en modo alguno en estos casos. Que además los protagonistas sean servidores públicos, nos produce a algunos, estupor.

Lo anterior no deviene, en modo alguno, de que los abogados, no hayan abogado contra ello, alegando, mil veces, la falta de imparcialidad o perdida de objetividad de estos peritos, directa y objetivamente contaminados por su relación previa con el objeto de la pericia, no. Es que es doctrina judicial consolidada en España la que se contiene en esta frase que transcribo literalmente de una sentencia escogida al azar de una de las múltiples y reiteradas sentencias de Audiencias Provinciales y Juzgados de Lo Penal dictadas en una causa criminal de las señaladas – delitos contra la Hacienda Pública-, que después ha sido confirmada por la sala de lo penal del Tribunal Supremo: » Habiendo declarado la jurisprudencia que la imparcialidad de los Inspectores de Hacienda cuando actúan como peritos judiciales viene determinada por su condición de funcionario público cuya actuación está dirigida a servir con objetividad los intereses generales. Y su actuación no vulnera los derechos fundamentales del acusado, atendiendo precisamente a que, como funcionario público, debe servir con objetividad los intereses generales.»

Es difícil encontrar un ejemplo más perfecto de en qué consiste confundir el ser con el deber ser. No hay que ser Kant para entenderlo. Cualquiera lo comprende. Como los funcionarios deben servir con objetividad los intereses generales, los sirven siempre, por definición y al margen del caso concreto.

Es de justicia urgente e indispensable dar una respuesta ecuánime, ponderada y equilibrada a este vicio de nuestro sistema de enjuiciar. Quizá la solución vaya por crear un departamento en el Ministerio de Hacienda, que no dependa ni orgánica ni jerárquicamente de la Agencia Tributaria, servido, eso sí, por funcionarios expertos en materia tributaria, que sin contaminación previa alguna con el objeto de la pericia, sean los encargados de servir como peritos de la Administración en esta clase de procesos.

Hay que revisar de raíz esta doctrina jurisprudencial dogmática y que no respeta las normas de la lógica ni tampoco las de la experiencia humana. Hay que asegurar en el proceso por delitos de naturaleza tributaria que quienes actúen como peritos de la Administración de Hacienda, no estén previamente contaminados con el objeto de la pericia. No sean precisamente las personas que están en el origen mismo de ese proceso, de la formulación de esa acusación criminal. Y ello hay que hacerlo sin que los peritos judiciales designados por la Administración y dedicados al servicio público dejen de poder ser oídos en el proceso.

Enlace a articulo en expasión.

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