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[:es]Irregularidades en los controles de dopaje que conllevan la absolución del expedientado o el archivo de las actuaciones sancionadoras [:en]Irregularities in doping controls that lead to the acquittal of the case file or the filing of sanctioning actions[:]

[:es][vc_row 0=»»][vc_column][vc_column_text 0=»»]Por Alberto Yelmo.

Punto de partida

Como establece la actual Ley Antidopaje (Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio), «dentro de las obligaciones principales que afectan a los deportistas, se incluye, de manera taxativa, la obligación de someterse a los controles. Esta obligación, sin embargo, no está exenta de derechos». Como recuerda el preámbulo de esta norma, «estos derechos son un elemento fundamental del sistema establecido en la Ley y la propia Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte debe velar por que en todo caso sean debidamente atendidos».

Así, con el fin de fortalecer nuestro ordenamiento jurídico en materia de lucha contra el dopaje, España aprobó, el día 17 de febrero de 2017, un Real Decreto-ley (3/2017) que modificaba la Ley Orgánica 3/2013 y se adaptaba a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015. Según su exposición de motivos, «esta intervención normativa evita los perjuicios inmediatos que la falta de incorporación del Código produciría en el interés general (…) de los deportistas».

De esta forma, España salía de la situación de incumplimiento que había sido declarada por la Agencia Mundial Antidopaje en el año 2016, pero ¿qué efectos prácticos ha tenido este nuevo Real Decreto sobre los derechos de los deportistas en materia sancionadora?

Para tratar de ofrecer una respuesta a esta cuestión, nuestro Equipo de Derecho Deportivo ha analizado el trasfondo jurídico de dos resoluciones —una de la Audiencia Nacional y otra del Tribunal Administrativo del Deporte— relativas a dos controles de dopaje llevados a cabo inmediatamente después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2017.

Primer caso: irregularidades en el transporte y cadena de custodia de las muestras del deportista

Comenzando por el acontecimiento más reciente en este caso, el día 7 de octubre de 2019, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional emitió una sentencia por la que finalmente se reconocieron las irregularidades alegadas por el deportista, que había sido sancionado por la AEPSAD y posteriormente por el TAD como consecuencia de un control positivo realizado el día 23 de abril de 2017.

Según la conclusión alcanzada por los Magistrados de la Audiencia Nacional, «las irregularidades detectadas en los formularios del transporte y cadena de custodia de las muestras biológicas tomadas (…) no son meras irregularidades formales al cumplimentar los citados formularios, sino que las irregularidades detectadas implican que se ponga en duda la certeza de los resultados analíticos obtenidos en las muestras tomadas al apelante». Por ello, «la única prueba de cargo de la Administración (…) tiene vicios esenciales que impiden garantizar la fiabilidad del resultado analítico adverso».

¿Cuáles fueron concretamente los vicios esenciales que llevaron a la absolución del deportista en este primer caso?

En primer lugar, faltaba la firma del Agente de Control en el Formulario de Transporte y Cadena de Custodia de las muestras obtenidas. Respecto a la entidad de esta irregularidad, la Audiencia Nacional concluyó que «la ausencia de dicha firma no puede entenderse como una mera irregularidad formal dada la importante finalidad que se persigue, de tal manera que no existe seguridad ni certeza de que las muestras analizadas efectivamente se han transportado y empaquetado en la forma que permita garantizar su conservación íntegra durante su transporte».

Asimismo, junto a esta deficiencia, se constató una segunda irregularidad en la cumplimentación del Formulario de Transporte y Cadena de Custodia —también considerada como «algo más que meras irregularidades formales»—, ya que el procedimiento de control «exige al laboratorio receptor de las muestras que rellene en el citado formulario (…) que los códigos de los kits se corresponden con la codificación de las muestras referidas en el formulario y que los kits no presentan signos de degradación y/o manipulación». Estas dos verificaciones adicionales, de las que debía dejarse constancia en el Formulario de Transporte y Cadena de Custodia (Sección 6), tampoco se llevaron a cabo en este caso.

Por lo tanto, debido a todas estas irregularidades acreditadas documentalmente, la Sala concluyó que «procede entonces, y sin necesidad de otras consideraciones, la estimación del recurso de apelación», absolviéndose así al deportista de la suspensión de cuatro años que le había sido impuesta en vía administrativa.

Un precedente adicional: un solo Agente en la toma de muestras al deportista

El día 17 de junio de 2017, la AEPSAD llevó a cabo otra recogida de muestras en la que, esta vez, participó un solo Agente de Control, circunstancia objetiva que se constató en el Formulario de Control de la muestra, como pone de manifiesto la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte de 27 de septiembre de 2019.

En este caso, la decisión del TAD implicaba la finalización de la vía administrativa, confirmándose así definitivamente la resolución de la AEPSAD de 14 de marzo de 2019, que acordaba «el archivo de las actuaciones (…), ya que en el Formulario de recogida de muestras (…) no se constata que en el proceso de recogida de la muestra estuviesen presentes tanto el Oficial de Control del dopaje como un segundo Agente de Control del dopaje, (…), como estipula el artículo 79 del Real Decreto 641/2009, de 17 de abril».

Así, en esta ocasión la irregularidad definitiva no se encontraba reflejada en el Formulario de Transporte y Cadena de Custodia, como ocurrió en el primer caso, sino en el propio Formulario de Control, lo que igualmente condujo, también sin necesidad de otras consideraciones, al archivo de las actuaciones sancionadoras contra el deportista por inexistencia de infracción administrativa.

Conclusiones de interés para el derecho de defensa de los deportistas expedientados

Como ponen de manifiesto los precedentes analizados, relativos a dos de los primeros controles de dopaje realizados tras la aprobación del Real Decreto-ley 3/2017, en los procedimientos de toma de muestras antidopaje pueden producirse determinadas irregularidades que, por su naturaleza material, conducen a la salvaguarda del derecho de presunción de inocencia de los deportistas.

A este respecto, con el fin de evitar posibles daños y perjuicios a los deportistas nacionales derivados de la comisión de las citadas irregularidades por parte de la Administración, el Departamento de Control del Dopaje de la AEPSAD, con carácter previo a la incoación de los procedimientos disciplinarios, lleva a cabo un exhaustivo control de calidad mediante la elaboración de un Formulario de Revisión que incluye una importante cantidad de verificaciones sobre los resultados analítico-adversos obtenidos, dirigido a confirmar la regularidad del procedimiento de toma de muestras en base a los datos obrantes en los referidos Formularios de Control y Transporte y Cadena de Custodia.

Así, como puede comprobarse en los casos analizados, estos Formularios, que se incluyen en el Expediente Administrativo del deportista y que gozan de presunción de veracidad, pueden convertirse en la más efectiva prueba de descargo a favor del expedientado, siempre que estos documentos permitan acreditar alguna de las irregularidades materiales que ya han sido reconocidas en los precedentes analizados:

  • Falta de constatación en el Formulario de Control de la presencia de un segundo Agente de Control que actuase como adjunto del Oficial.
  • Falta de la firma del Agente de Control en el Formulario de Transporte y Cadena de Custodia.
  • Falta de cumplimentación de la Sección 6 (Recepción en el Laboratorio) del Formulario de Transporte y Cadena de Custodia.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][contact-form-7 id=»3708″][/vc_column][/vc_row][:en]By Alberto Yelmo

Starting point

As established by the current Anti-Doping Law (Organic Law 3/2013, of June 20), «within the main obligations that affect athletes, the obligation to submit to controls is included in an exhaustive manner. This obligation, however, is not exempt from rights». As the preamble to this regulation recalls, «these rights are a fundamental element of the system established in the Law and the Spanish Agency for the Protection of Health in Sport must ensure that in any case they are duly taken care of».

Thus, in order to strengthen our legal system in the fight against doping, Spain approved, on February 17, 2017, a Royal Decree-law (3/2017) that modified Organic Law 3/2013 and adapted to the modifications introduced by the 2015 World Anti-Doping Code. According to its explanatory memorandum, «this regulatory intervention avoids the immediate damages that the lack of incorporation of the Code would produce in the general interest (…) of athletes».

In this way, Spain came out of the situation of non-compliance that had been declared by the World Anti-Doping Agency in 2016, but what practical effects has this new Royal Decree had on the rights of athletes in sanctioning matters?

In order to try to offer an answer to this question, our Sports Law Team has analysed the legal background of two resolutions – one from the National Court and the other from the Administrative Court of Sport – relating to two doping controls carried out immediately after the entry into force of Royal Decree-Law 3/2017.

 

First case: irregularities in the transport and chain of custody of the athlete’s samples

Starting with the most recent event in this case, on October 7, 2019, the Contentious Chamber of the National High Court issued a ruling that finally recognised the irregularities alleged by the athlete, who had been sanctioned by the AEPSAD and later by the TAD (Administrative Court of Sport, in Spanish Tribunal Administrativo del Deporte) as a result of a positive control carried out on April 23, 2017.

According to the conclusion reached by the Magistrates of the National High Court, «the irregularities detected in the transport forms and chain of custody of the biological samples taken (…) are not mere formal irregularities when completing the aforementioned forms, but rather the irregularities detected imply that the certainty of the analytical results obtained in the samples taken from the appellant is questioned». For this reason, «the only proof of charge of the Administration (…) has essential flaws that prevent guaranteeing the reliability of the adverse analytical result».

What specifically were the essential vices that led to the acquittal of the athlete in this first case?

In the first place, the signature of the Control Agent was missing on the Transport and Chain of Custody Form for the samples obtained. Regarding the entity of this irregularity, the National High Court concluded that «the absence of said signature cannot be understood as a mere formal irregularity given the important purpose pursued, in such a way that there is no security or certainty that the samples analysed have actually been transported and packaged in a way that guarantees their complete conservation during transport».

Likewise, along with this deficiency, a second irregularity was found in the completion of the Transportation and Chain of Custody Form – also considered as «something more than mere formal irregularities”, since the control procedure «requires the laboratory recipient of the samples to fill in the aforementioned form (…) that the codes of the kits correspond to the coding of the samples referred to in the form and that the kits do not show signs of degradation and/or manipulation». These two additional verifications, which had to be recorded in the Transportation and Chain of Custody Form (Section 6), were not carried out in this case either.

Therefore, due to all these documentary-proven irregularities, the Chamber concluded that «then, and without the need for other considerations, the estimate of the appeal proceeds», thus absolving the athlete of the four-year suspension that he had been imposed.

 

An additional precedent: a single Agent in taking samples from the athlete

On June 17, 2017, AEPSAD carried out another collection of samples in which, this time, a single Control Agent participated, an objective circumstance that was verified in the Sample Control Form, as evidenced by the Resolution of the Administrative Court of Sport of September 27, 2019.

In this case, TAD’s decision implied the termination of the administrative procedure, thus definitively confirming the AEPSAD resolution of March 14, 2019, which agreed on the «filing of the proceedings (…), since in the Form of collection of samples (…) it is not verified that both the doping control officer and a second doping control agent were present in the sample collection process, (…), as stipulated in article 79 of Royal Decree 641/2009, of April 17».

Thus, on this occasion the definitive irregularity was not reflected in the Transportation and Chain of Custody Form, as occurred in the first case, but in the Control Form itself, which also led, without the need for other considerations, to the archive of sanctioning actions against the athlete due to the absence of an administrative offense.

 

Conclusions of interest for the right of defense of the filed athletes

As the precedents analysed show, relating to two of the first doping controls carried out after the approval of Royal Decree-Law 3/2017, certain irregularities may occur in anti-doping sampling procedures that, due to their material nature, lead to the safeguard of the right of presumption of innocence of athletes.

In this regard, in order to avoid possible damages to national athletes derived from the commission of the aforementioned irregularities by the Administration, the AEPSAD Doping Control Department, prior to the initiation of the proceedings disciplinary, carries out an exhaustive quality control by preparing a Review Form that includes a significant amount of verifications on the analytical-adverse results obtained, aimed at confirming the regularity of the sampling procedure based on the available data in the referred Control and Transport Forms and Chain of Custody.

Thus, as can be seen in the cases analysed, these Forms, which are included in the Athlete’s Administrative Record and which have a presumption of veracity, can become the most effective evidence of discharge in favor of the filed athlete, provided that these documents allow to prove some of the material irregularities that have already been recognised in the precedents analysed:

  • Lack of verification in the Control Form of the presence of a second Control Agent who acted as deputy of the Officer.
  • Lack of the signature of the Control Agent on the Transportation and Chain of Custody Form.
  • Failure to complete Section 6 (Reception in the Laboratory) of the Transport and Chain of Custody Form.

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