La justicia, si no es responsable, no es justa

Por Ernesto Díaz-Bastien.

¿Es justo que una persona sea absuelta por un tribunal de justicia tras estar imputado durante ocho o diez años? Quizás la absolución del inocente –“se ha hecho justicia”, se dice en ocasiones- esconda la cruda realidad de la injusticia sufrida durante el tiempo pasado bajo sospecha. Actualmente, nuestro sistema de compensación es ineficaz para facilitar que esta persona sea restituida por los daños que ha implicado su condición de investigado, sometido a un proceso penal y , con ello, agraviado. Si además existieron contra él, mientras duró esa situación, medidas cautelares, fianzas, embargos, prohibiciones de abandonar el territorio o desplazarse libremente, la situación se convirtió en dramática y muy difícilmente reparable, y si el procedimiento tuvo repercusión mediática, la devaluación publica sufrida por de esa persona es, sencilla y trágicamente, irreparable. Esta semana, sin ir más lejos, se ha conocido la sentencia absolutoria de los 38 acusados por la salida a Bolsa de Bankia. Todos absueltos. ¿Alguien va a preguntar a los fiscales o al juez instructor qué clase de juicio de probabilidad de condena hicieron en su día? 38 absueltos sobre 38 acusados: tal resultado necesariamente apunta hacia los acusadores.

En parte, esto es así porque el sistema judicial adolece también de un mecanismo que permita exigir responsabilidades de forma eficaz a quien tomó en su día la decisión inicial de imputar. La realidad es que, en nuestro país, más allá de meras formulaciones legales abstractas, no se da esta exigencia de responsabilidad, con lo que el sujeto actor, en la práctica, no prevé que una conducta indebida en esa materia pueda significarle algún perjuicio a él.

Los que imparten justicia, en efecto, deben ser independientes, pero también deben responder de sus actos en orden a garantizar que al ciudadano se le protegen todos sus derechos.

No obstante, parece claro que, si se imputa, es preciso tener la responsabilidad de no alargar innecesariamente una condición que en sí misma ya es una pena. Los que imparten justicia, en efecto, deben ser independientes, pero también deben responder de sus actos en orden a garantizar que al ciudadano se le protegen todos sus derechos. Independientes, claro, desde luego que sí, sin dudar, pero responsables también.

Cuando se aborda la temática de la responsabilidad de los jueces y fiscales, asoma la problemática del control. Una justicia sin control, por más independiente que pueda parecer, sería una justicia menos garantista y en ningún caso una verdadera justicia. Ahora bien ¿Cómo controlar democráticamente? En los términos que prevé la legalidad vigente, el control de la justicia, actualmente, no está debidamente encauzado sino disperso, politizado e ineficaz. Es necesario modificar el sistema para que pueda haber mecanismos de evaluación tipo la accountability anglosajona. Sistemas como el americano son una inspiración, en muchos aspectos. La responsabilidad de los jueces y fiscales en el sentido de rendición de cuentas del uso dado a los poderes enormes que la sociedad, a través del Estado, les ha conferido, es imprescindible.

Tienen que rendir cuentas, porque sólo si hay un mecanismo de rendición de cuentas eficaz, el sistema tendrá el prestigio y la legitimación necesaria para mantener la independencia, la calidad y la eficiencia. El sistema democrático así lo exige, y nos vacunaría contra las tentaciones populistas y demagógicas, por desgracia nada impensables en nuestro país. Ya se habla de “populismo judicial”. Por las palabras que lo definen se empieza. Recordemos a un gran maestro de las palabras y la escritura: “El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”. Es alarmante que el populismo judicial ya tenga nombre.