Por una influencia real de la abogacía en las medidas contra el Covid

Por Ernesto Díaz-Bastien

El panorama generado por la pandemia tiene unas consecuencias a todas luces notables en la dificultad creciente para armonizar las libertades individuales y sociales con las medidas de diverso orden que toman los gobiernos contra el virus. El poder público está limitando muchas libertades, y no está claro hasta dónde se puede llegar. Este debate vuelve al primer plano a propósito de la duración del nuevo estado de alarma, pero ya latía bajo las batallas legales en las que se han visto enzarzados el gobierno del Estado con algún que otro gobierno autonómico, y varios ejecutivos autonómicos con tribunales de justicia.

En este contexto, se echa en falta una influencia real de la abogacía en el proceso legislativo español, especialmente en el inicio de la formulación de las medidas legislativas. Las organizaciones profesionales de abogados no tienen el peso en el proceso en la medida que sería deseable, y que permitiría anticipar buena parte de los problemas que se están generando. Me refiero a la posibilidad de que su opinión cuente en tanto que consultores de medidas legislativas importantes.

Las organizaciones profesionales de abogados no tienen el peso en el proceso de formulación de las reglas legislativas en la medida que sería deseable, y que permitiría anticipar buena parte de los problemas que se están generando.

La constelación de ideas y de sensibilidades que forman el colectivo profesional de los abogados, todas ellas sumadas, puestas a su debido tiempo sobre la mesa, pueden aportar calidad a la garantía de los derechos de los ciudadanos y al control del deber público. Son profesionales de una disciplina cuyo material son los derechos y las obligaciones, funcionando como interlocutores entre la justicia y los intereses particulares. Eso supone un magma muy rico de conocimiento que debe de ser aprovechado: tienen mucho que decir sobre las garantías y las deficiencias de un proyecto de medida legislativa. Tienen el pulso de la calle, conocen las problemáticas de los ciudadanos de a pie, y su perspectiva puede ser un bálsamo para las fricciones que, de modo creciente y a veces agrio, se están produciendo entre las libertades sociales y los poderes públicos.

En España, los abogados ni son escuchados ni son respetados como deben ser respetados por parte de las instituciones del Estado. Y mejor nos iría a todos, si cambiara esta sensibilidad.